LA “LIBERTAD” DE ELECCIÓN DE CENTRO: UN ATENTADO MÁS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

8 - mayo - 2019 Centros | Comunicados de USTEA | Política Educativa

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, presentó al Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía del martes 7 de mayo una propuesta para la modificación del decreto que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo de “facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, acorde con las características y el proyecto educativo del mismo y adaptado a sus necesidades y preferencias”.

Se trata de procurar que “los andaluces puedan llevar a sus hijos al colegio al que les dé la gana, sea público, privado o concertado, donde quieran”, ha resumido torticeramente el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Según ha indicado el consejero Bendodo, para la elaboración de la futura norma, la Consejería “quiere contar con la comunidad educativa, los sindicatos y todas las partes implicadas, con el fin de que el texto sea fruto del debate y alcance el mayor consenso posible”. La Consejería de Educación y Deporte prevé que el nuevo decreto pueda estar en vigor para el proceso de escolarización del curso 2020/21.

USTEA tendrá, con ocasión de Mesa Sectorial de Educación, oportunidad de trasladar su valoración completa cuando podamos acceder al borrador de la nueva norma de escolarización. Pero de lo que se desprende de las primeras noticias al respecto podemos avanzar ya algunas consideraciones.

En primer lugar, nos sorprende que Cs haga suyas propuestas que el Partido Popular pactó con Vox y que son una auténtica provocación que, de llevarse a cabo, originará un grave conflicto escolar.  USTEA manifiesta su profunda indignación con un proyecto político que ya propició unos recortes durísimos, que se ensañaron con la enseñanza pública durante los años del gobierno de Rajoy, y que, ahora, cuando aún no se han revertido todos ellos, pretendan lanzar una nueva ofensiva favoreciendo a la red privada en detrimento de la pública, con la coartada de “la libertad”. También supone este proyecto la “demolición” de los centros como espacios de integración social, cuando ya no se agrupa a gentes diferentes y diversas en su zona de influencia, barrio o espacio de proximidad.

Bajo la entelequia de la libertad de elección de centro se esconde un viejo debate que trata de disfrazar el mantenimiento de privilegios, la segregación y la discriminación para darle el aspecto del ejercicio de un derecho, de una supuesta libertad de las madres y los padres para elegir el mejor centro educativo para sus hijas e hijos, que deja en nada los valores fundamentales de justicia social y la defensa de los derechos humanos. La actualidad de nuestro sistema educativo dista mucho de reflejar igualdad en las oportunidades.

Es clarificador comprobar como a pesar de la «coerción a la libertad de elección», centros, en su mayoría concertados pero también algunos públicos, gozan de una homogeneidad social que les permite desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tenerse que ocupar de si sus alumnos tienen los recursos necesarios siquiera para subsistir, conocen la lengua de enseñanza,  amenazan o no a los profesores o vienen cada día a clase, mientras que el alumnado «más desfavorecido» se concentra en determinadas escuelas, escuelas que reúnen la nueva inmigración y alumnado autóctono en situación de riesgo social.

Se podrá, si se quiere, defender la libertad de elección desde la utilidad personal o la insolidaridad de una libertad individual ajena al bien común, pero no desde la justicia. No es el derecho a elegir, sino la posibilidad de los centros de seleccionar a los alumnos con criterios socioeconómicos y/o ideológicos y de las familias para mantener unos privilegios clasistas.

En USTEA rechazamos esta nueva concesión a los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad que pretenden una Escuela Pública ordenada con criterios mercantilistas, provocadora de desigualdades, segregadora y elitista, una medida que tendrá un alto coste para la cohesión y el bienestar social e incluso para la calidad educativa.

En segundo lugar, USTEA también expresa su rechazo a propuestas en el mismo sentido como la ampliación del régimen de conciertos a todos los tramos no obligatorios del sistema educativo, con la consiguiente asignación de más fondos públicos a los negocios privados de la educación.

Durante buena parte de la crisis, mientras se ajustaban los recursos presupuestarios para la oferta educativa en centros públicos, se habían mantenido los destinados a los centros privados concertados. Salvo el excepcional caso de Bélgica, España, con casi un 28% de media, es el país europeo con una mayor presencia de oferta privada concertada, oferta que se concentra sobre todo en las grandes y medianas ciudades -especialmente la zona centro-, no así en el ámbito rural donde brilla por su ausencia: Esas zonas no son negocio.

Andalucía, tras casi cuatro décadas del gobierno del PSOE, es una de las comunidades donde la concertada disfruta de una situación de privilegio. Por ejemplo, en la zona centro de Sevilla hay 17 colegios, de los cuales solo 5 son públicos y el resto, 12, pertenecen a distintas órdenes católicas. Y al nuevo gobierno andaluz todo lo que se le ocurre es anunciar que van a suprimir las zonas educativas para empeorar aún más la situación. De qué libertad de elección hablan. A quién tratan de engañar. ¡Hipócritas!

En resumen, la extensión de los conciertos con la red privada en detrimento de la escuela pública, constituye un programa en materia educativa absolutamente sombrío, una vuelta atrás a los peores tiempos del ministro Wert y de las políticas educativas de gobiernos del PP como el de Madrid. Por todo ello, USTEA no dudará en hacer un llamamiento para movilizarse contra estas propuestas si es que, en un momento determinado, el gobierno andaluz del PP+Cs se decide a llevarlas adelante.

Andalucía, 8 de mayo de 2019.

 

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