La Administración Andaluza sigue con su política de autobombo, ahora, a cuenta del Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional en Andalucía.

Una Ley que, dice la Consejería, servirá para adaptar la FP al “nuevo modelo económico que demanda Andalucía” ¿Hay que explicar a qué nuevo modelo económico se refieren? ¿Al de la precariedad en el empleo, tal vez? ¿Al de la flexibilización laboral? ¿Al que llama movilidad a la emigración forzosa? ¿Al que prima las deslocalizaciones y aumenta el desarraigo? ¿Al de la depredación de los recursos naturales? ¿Al de las amnistías fiscales para las grandes fortunas? ¿Al de la insaciable voracidad de los mercados, tal vez?

Una Ley, dice la Consejería, que se adapta a la “nueva estructura de la Junta”… Eufemística y casi irrisoria forma de referirse al aplastante protagonismo y absoluto dominio ejercidos por parte de la Consejería de Empleo sobre la de Educación, en un asunto tan crucial como es una ley educativa.

En USTEA no nos dejamos engañar por las ajadas retóricas de la Junta de Andalucía, capaz de enlazar frases como “avanzar en el compromiso por la reforma y la potenciación” o “sentar las bases para la coordinación estratégica”. Que no. Que esta Ley no responde a las verdaderas necesidades de Andalucía ni a los intereses generales de nuestra sociedad, y no lo hace principalmente porque profundiza en la mercantilización del Sistema Educativo, porque subordina la Educación a la conveniencia empresarial, y porque se aparta del modelo democrático y participativo de la Escuela que queremos.

Porque “potenciar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes” no es lo mismo que crear empleo en Andalucía, donde en el pasado mes de marzo el paro juvenil se situó en el 60%. Porque “impulsar la competitividad de las empresas” significa ahondar en las desigualdades con más cierres, traslados, deslocalizaciones,  reestructuraciones: a lo largo del pasado mes de enero, más de 400 empresas echaron el cierre en Andalucía…

Este Anteproyecto de Ley ha sido elaborado desde la ausencia de diálogo y la falta de transparencia, de espaldas a la comunidad educativa, de espaldas al profesorado, de espaldas al alumnado… Y por más veces que la Consejería repita la palabra “participación”, no va a transformar esta desagradable realidad. Desde USTEA seguimos reivindicando unas líneas fundamentales para la Ley de FP que Andalucía necesita:

1. Que se vertebre en torno a los centros educativos, el profesorado y el alumnado.
2. Que permita la oferta de familias profesionales completas por parte de los centros.
3. Que disminuya la ratio, aumente la estabilidad del profesorado y potencie su formación en horario regular.
4. Que establezca un sistema de colaboración con las empresas, con tiempos y contenidos regulados, y prácticas supervisadas por el centro educativo.
5. Que no considere la FP Dual como una fuente de mano de obra barata y desechable.
6. Que la FPB permita la obtención del título de ESO y sea una verdadera vía de acceso a niveles formativos superiores.
7. Que todos los centros, incluidos los centros integrados, tengan una gestión democrática y participativa.
8. Que la oferta de ciclos formativos responda a un diseño a largo plazo.