No podemos permanecer impasibles ante las disparatadas consecuencias de las modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, que a través de la antidemocrática Ley Mordaza, de la reforma del Código Penal, de la Ley Antiterrorista, llevan al banquillo a ocho miembros del Comité de Empresa de Airbus, que han mantenido cinco días encarcelados a dos titiriteros, que reprime la protesta social en defensa del derecho a una vivienda frente a los desahucios, la ocupación de fincas reclamando la explotación de las tierras para los jornaleros sin trabajo, la participación en piquetes informativos en las jornadas de huelga, manifestarse en contra de los recortes y en defensa de una sanidad y una educación pública, del transporte, de unos servicios públicos de calidad, contra la violencia machista, por un mundo de iguales, a la exigencia de Pan, Trabajo y Techo, al respeto a la solidaridad de clase con las personas inmigrantes y de las refugiadas que huyen de las guerras.

En definitiva se reprime y criminaliza la exigencia del respeto a la dignidad del 99% de la sociedad frente a los abusos e injusticias del 1% que representan los ricos y poderosos, las elites financieras y sus gobiernos títere.

La reforma del Código Penal, especialmente el artículo 315.3, tiene en espera de juicio a trescientos sindicalistas. Y mientras tanto, las “coacciones” para no hacer huelga parecen indemostrables en un mercado laboral con mucha mano de obra y poca oferta de empleo (miedo a perder el trabajo, miedo a sufrir represalias, miedo a denunciar abusos laborales: horas extraordinarias en negro, jornadas laborales ilegales, subcontratación…).

La “Ley Mordaza” ha impuesto polémicas sanciones económicas, sin mediación judicial, que limitan varios derechos fundamentales: el derecho a la información, a la presunción de inocencia, a la libertad personal y el derecho a la intimidad…

Amnistía Internacional ha advertido del peligro de una Ley Antiterrorista que es fácilmente utilizable para casi cualquier cosa, como por desgracia han comprobado los titiriteros, los tuiteros, los artistas.

La Confederación Intersindical exige la derogación inmediata de las leyes que recortan derechos y expresa su solidaridad con todas aquellas personas que se han visto afectadas por la aplicación de leyes injustas.

Nuestro sindicato exige responsabilidades ante la actuación judicial, policial, mediática y política. Identificaciones indiscriminadas, sospecha de prevaricación, irresponsabilidad mediática faltando a los más elementales principios periodístico de veracidad y objetividad, con noticias que ni siquiera se molestan en contrastar las versiones policial y judicial con las de  acusados y testigos. Irresponsabilidad política al criminalizar la protesta, al implantar el miedo entre las personas. Mientras la sensación de impunidad para delitos de corrupción, ante las amenazas y los insultos, se apodera de la gente.

La CI no consentirá ni por acción ni por omisión que se nos devuelva a un pasado preconstitucional, pues la regeneración democrática es un discurso vacío, mientras no podamos ejercer la libertad sindical, de expresión y manifestación y no se castigue con dureza la corrupción y a quienes lo amparan o consienten.

La CI llama a la movilización ciudadana en las calles, en los medios, en las redes sociales, en las instituciones. Nos recuerdan cada día que los derechos conquistados no son irreversibles. Recuperemos derechos. Por Dignidad.

Secretariado Confederación Intersindical

12 de febrero de 2016

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