El pasado martes 3 de abril USTEA mantuvo un encuentro -junto a representantes del resto de sindicatos del sector educativo- con los grupos parlamentarios de Podemos-Andalucía e IU-LV-CA, en la cual expresamos nuestro apoyo a su proposición de ley para blindar la partida presupuestaria destinada a educación con un mínimo del 5% del PIB andaluz.

La iniciativa en sí consiste en añadir un artículo a la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía:

Artículo 187. Presupuesto para educación no universitaria de al menos el 5% del PIB de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, dedicará al menos un 5% del último PIB registrado al presupuesto de la Consejería competente en materia de educación o universitaria.

2. La planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximos de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y el máximo de unidades que pueden albergar en su seno.

USTEA considera esta propuesta, a pesar de sus limitaciones, como un buen punto de partida en defensa de la educación pública en Andalucía, siempre con el horizonte de destinar el 7% del PIB, cantidad que recogemos en nuestro programa y que permitiría responder a las necesidades del sistema.

Actualmente, la Junta de Andalucía destina un 3,9%, por lo que este “suelo presupuestario” significaría cerca de 1600 millones de euros más, que deberían destinarse en su totalidad a los centros de titularidad pública para revertir los recortes aplicados tanto por el gobierno central como por el autonómico: recuperar plantillas y condiciones laborales, mejorar las infraestructuras, disminuir las ratios por aula, reforzar las medidas de atención a la diversidad, frenar la creciente externalización de los servicios complementarios y evitar el cierre de unidades públicas en favor de los centros privados concertados.

En este sentido, y por mucho que la propaganda de la Junta de Andalucía trate de enmascarar la realidad, estimamos que en los últimos cuatro años la pérdida acumulada en las partidas presupuestarias destinadas a la educación en Andalucía es del 12%. Hay, por tanto, mucho trabajo por delante para recuperar el terreno perdido; sin duda, asegurar un suelo presupuestario en base al PIB supondría un paso adelante.

No parece opinar lo mismo el PSOE-A, que en anuencia con su socio Cs ha bloqueado esta iniciativa en la Mesa del Parlamento de Andalucía, impidiendo que llegue al Pleno del mismo. Hurtan el debate, por la vía rápida y sin explicaciones. Apenas un mes después de que el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, abandonara la negociación del Pacto educativo a nivel estatal por la negativa de PP y Cs a aumentar la financiación hasta el 5% del PIB, la presidenta Susana Díaz demuestra que no está dispuesta a aplicar en Andalucía lo que su propio partido sí dice defender a nivel estatal. Un ejercicio de profunda incoherencia que, lejos de sorprendernos, solo viene a corroborar lo que ya sabemos: tristemente, el PSOE-A no apuesta por la educación pública andaluza.