USTEA DENUNCIA MANIOBRAS DE PRESIÓN DE LA CONSEJERÍA PARA QUE LOS CENTROS SE APUNTEN AL PLAN DE CALIDAD

El sindicato acusa a la CEJA de usar malas artes para forzar la voluntad de los claustros
Los servicios jurídicos de USTEA considera ilegales las instrucciones que la Directora General de Planificación de la Consejería de Educación ha mandado a los centros educativos públicos, ya que podrían rayar la prevaricación al pedir  que se asuman como buenos los resultados de las votaciones de aquellos claustros en los que la participación en el Plan de Calidad se adopta por la mayoría de votos afirmativos de los presentes, en contra de lo que determina el artículo 4 de la Orden de 26 de septiembre de 2011: “Podrán solicitar su participación en el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, a propuesta de la mayoría de los miembros del Claustro de Profesorado, los centros docentes públicos que se propongan la consecución de determinados objetivos educativos fijados en su Plan de Centro, en relación con los rendimientos escolares.”

A la vista de la interpretación literal del mismo debe entenderse que no basta con contabilizar más votos afirmativos que negativos, ya que  la norma  señala expresamente “mayoría de miembros” y no “mayoría de votantes”.

Estas instrucciones, que no han sido negociadas ni comunicadas a las organizaciones sindicales, intentan flexibilizar el que los centros se apunten al Plan de Calidad, tras el rechazo que este programa ha tenido en la comunidad educativa. Hay que recordar que ya este curso la Consejería rebajó las condiciones, pasando por que el Plan de Calidad fuera probado por dos tercios del claustro a la mayoría del mismo. Por esto, es muy grave, que la CEJA intente reducir aún más los requisitos incluso tergiversando la norma que ellos mismos han impuesto.

Por todo ello, USTEA ha pedido una reunión urgente con la Consejería y pone a disposición del profesorado los medios de asesoramiento oportunos para que comunique cualquier intento de abuso sobre el tema. El sindicato no descarta denunciar aquellas actuaciones administrativas que incumplan la normativa, así como a las personas que las pongan en marcha.