La utilización de nombramientos sucesivos de duración determinada para atender necesidades permanentes en el sector de los servicios de salud es contraria al Derecho de la Unión Europea.

Éste es el veredicto que, en sentencia emitida el 14 de septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de una denuncia interpuesta por una funcionaria interina del servicio de salud de la Comunidad de Madrid, declara que las administraciones públicas del Estado Español están cometiendo un fraude de ley al encadenar contratos temporales cuando éstos deberían de ser fijos. Los efectos, que ya estaban reconocidos para el personal laboral, deben extenderse ahora al personal funcionario interino de cualquier administración pública, como la sanidad, la educación o la justicia.

El Tribunal entiende que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada” y “que los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para desempeñar funciones permanentes y estables incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo”. Además, denuncia que la Administración pública del Estado Español carece de legislación que le obligue a crear puestos estructurales, lo que le permite abusar de la oferta repetida para su cobertura de plazas en régimen de interinidad, con lo que la situación de precariedad de las trabajadoras y trabajadores se convierte en permanente.

USTEA, junto a la Confederación de STEs-intersindical, manifiesta, una vez más, que el abuso de las interinidades supone un grave atentado a los derechos laborales del profesorado interino del sistema público de enseñanza e incide negativamente en la calidad de la educación pública. USTEA exige al Gobierno en funciones del Partido Popular que deje de hacer oídos sordos a este problema, al tiempo que insta a los grupos políticos a que pongan en marcha proposiciones legislativas para abordar una solución justa y digna para el profesorado interino.

El sindicato defiende, como es sabido, el Acceso Diferenciado a la Función Pública docente como la mejor respuesta a la precariedad que sufre más de un 20% del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, es decir, más de 70.000 profesoras y profesores.

USTEA hace un llamamiento al colectivo y a todas las organizaciones que lo representan para constituir un frente común que presione hasta conseguir su integración plena en la función pública docente.