El sindicato USTEA recoge la denuncia pública realizada por la Internacional de la Educación, la cual ha realizado una petición urgente al gobierno del país euroasiático para que revierta la ‘limpieza’ llevada a cabo contra los y las docentes tomando como excusa el reciente intento de golpe de Estado.

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en Andalucía hace suya la postura adoptada por la Internacional de la Educación denunciando las medidas ilegales tomadas por las autoridades turcas contra la profesión docente y suscribe la opinión de ese organismo, según la cual la medida del presidente turco, Recep Tayip Erdogan, utiliza al profesorado como “chivo expiatorio” en respuesta al golpe fallido. USTEA ­Enseñanza se suma, así, a la denuncia de una “caza de brujas en las escuelas y universidades del país” que supone una violación de las normas internacionales que protegen los derechos sindicales y las libertades académicas de cualquier docente en cualquier lugar del mundo.

El ‘golpe de mano’ del mandatario turco ha supuesto la suspensión de empleo de casi cincuenta mil profesionales, los cuales,  significativamente, pertenecen en su mayoría al campo de la educación: 21.000 profesoras y profesores de centros educativos privados, 15.200 de los públicos (más miembros del funcionariado de Educación), habiéndose abierto “una investigación respecto a cada una de esas personas”, según el Gobierno, y la orden de dimisión a los 1.577 decanos de las facultades tanto de universidades públicas como privadas. Se han decretado, además, medidas excepcionales como la prohibición de viajar al extranjero de toda persona empleada en el sector público, así como la orden de interrupción de las vacaciones y regreso a los puestos de trabajo del funcionariado.

La acción gubernamental, que va acompañada de la retirada de licencia a 24 medios de comunicación, la posible implantación del estado de excepción y restauración de la pena de muerte o la detención de 8.660 personas (entre militares, jueces y fiscales, civiles y policías), se enmarca en una estrategia general encaminada a reforzar la deriva autoritaria de Erdogan aprovechando el frustrado golpe de Estado; una intentona respecto a la que no faltan voces que apuntan a la probable participación, por acción o por omisión, del propio gobierno, tal como han apuntado diversas informaciones de acuerdo con las que miembros del partido en el poder estaban al corriente de ella desde

varias horas antes de que se produjera.

En este sentido, hay que recordar el dilatado historial de represión del Gobierno turco contra movilizaciones populares de protesta, grupos de izquierda, periodistas que ejercen la crítica en relación con su política y contra la población y militancia kurda (mediante matanzas y bombardeos tanto dentro como fuera de las fronteras de Turquía).

Se trata de un Ejecutivo que ha procesado por “terrorismo” a disidentes mientras, de manera hipócrita, ha contribuido a la expansión de la guerra en Oriente Medio (emulando al Estado de Israel) armando y apoyando a grupos terroristas en Siria, en complicidad con Estados Unidos y Arabia Saudí, al objeto de aprovecharse del petróleo barato que alimenta el contrabando de dichos grupos en la frontera turco-­siria. El Gobierno de Erdogan, que lleva tiempo islamizando progresivamente un país de tradición laica, está restringiendo las libertades aprovechándose de la tolerancia de la Unión Europea, que cierra los ojos ante su deriva dictatorial a cambio de que le ayude en su gigantesca

operación de expulsión de miles de personas refugiadas procedentes de Siria, Iraq o Afganistán, a cambio de cuantiosas compras de voluntades, de eliminación de visados para la UE y del reinicio del proceso de adhesión de Turquía a dicha entidad supraestatal.

Por todo ello, USTEA recuerda que las medidas del Gobierno turco suponen la violación de los convenios y recomendaciones internacionales relativas al sector de la educación, así como exige el fin de la persecución ilegal a sus profesionales.